Procesan con prisión preventiva a Raúl Martins por lavado de activos y le traban embargo por 300 millones de pesos

La jueza federal María Servini dictó el procesamiento con prisión preventiva de Raúl Martins, de 77 años y exintegrante de la SIDE, en una causa en la que se lo investiga como presunto autor del delito de lavado de activos. En la misma resolución, la magistrada dispuso un embargo sobre sus bienes por 300 millones de pesos, según consta en el expediente al que tuvo acceso este portal.

El caso se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 1, a cargo de Servini, y la carátula gira en torno a la incorporación al circuito económico legal de fondos que, para la Justicia, provendrían de la explotación sexual de mujeres. La investigación apunta a una serie de operaciones con sociedades y propiedades que habrían sido utilizadas para administrar y ocultar esos activos.

El eje del debate: las fechas de las operaciones

Uno de los puntos centrales de la discusión entre la defensa y el juzgado fue la cronología de las maniobras atribuidas. Martins se negó a responder preguntas durante la declaración indagatoria, pero presentó un escrito en el que solicitó el sobreseimiento y, en forma subsidiaria, la falta de mérito.

En ese descargo, planteó que las 26 operaciones que se le adjudican —vinculadas con la adquisición de propiedades y la administración de sociedades— correspondían a los años 2009, 2010, 2011 y 2012. Sostuvo que eran anteriores al período en el que la Justicia consideró acreditada la explotación sexual, comprendido entre enero de 2013 y octubre de 2014, y que se circunscribía al local de avenida Juan B. Justo 5302, en el barrio porteño de Villa General Mitre. Respecto de otros nueve establecimientos que habían sido mencionados en la investigación, afirmó que las acusaciones fueron archivadas por inexistencia del delito de trata de personas.

La respuesta de la Justicia

Servini rechazó esos planteos y firmó el procesamiento. En su resolución, explicó que una sociedad constituida con anterioridad a un hecho delictivo puede ser utilizada con posterioridad para administrar u ocultar bienes de origen ilícito, por lo que la fecha de creación de las empresas no resulta determinante para descartar las maniobras investigadas.

La magistrada evaluó de manera integral la intervención de sociedades argentinas y extranjeras, los poderes de administración y la actuación de familiares del imputado. Concluyó que Martins habría mantenido el control efectivo de la estructura aunque no figurara formalmente como beneficiario final en los registros.

• Fecha de inicio del expediente: 6 de marzo de 2013, a partir de una denuncia anónima al Ministerio de Seguridad que alertaba sobre una posible explotación sexual de menores en el local de Villa General Mitre.
• Origen del expediente judicial: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 1, a cargo de la jueza María Servini.
• Calificación legal: lavado de activos, en una causa que investiga la reinserción en el circuito legal de fondos provenientes de la explotación sexual de mujeres.
• Detención y traslado: Martins fue detenido en México en 2019 y extraditado a la Argentina desde Cancún.
• Estado procesal: procesamiento con prisión preventiva y embargo de 300 millones de pesos sobre sus bienes.

Con la firma del procesamiento, la causa avanzó hacia la siguiente etapa del proceso penal federal, en la que la defensa de Martins podrá presentar la apelación correspondiente ante la Cámara de Apelaciones. Esa instancia deberá revisar la decisión de Servini y confirmar, modificar o revocar el procesamiento con prisión preventiva y el embargo dispuesto sobre el patrimonio del exagente de la SIDE.