Pensiones por invalidez: 4.329 suspendidas y un plazo que corre para recuperar el cobro

La Secretaría de Discapacidad oficializó la suspensión de 4.329 pensiones por invalidez laboral. La medida alcanza a personas que, según el organismo, no entregaron la documentación necesaria para acreditar la continuidad de su situación de discapacidad. La decisión se formalizó mediante la Resolución 3702/2026, que dejó sin efecto una normativa anterior que había restablecido el cobro de estas prestaciones tras un fallo judicial.

Ese antecedente judicial fue revocado por la Cámara Federal de Tucumán en febrero de 2026, lo que habilitó la suspensión de los beneficios comprendidos en esa causa. Para los titulares afectados, la situación depende ahora de la presentación de documentación médica dentro de los plazos previstos.

Qué requisito deben cumplir los beneficiarios

El requisito central para mantener o recuperar la pensión es contar con un Certificado Médico Oficial (CMO) que acredite una discapacidad del 66% o más. Sin ese respaldo, la prestación no puede continuar. Si el titular no presenta la documentación faltante dentro del plazo establecido, la prestación no podrá ser rehabilitada.

Plazos según la situación de cada beneficiario

• Suspendidos: 4.329 titulares con 60 días corridos para presentar la documentación faltante.
• Intimados: 7.008 beneficiarios que deben ampliar la documentación médica que respalda su incapacidad laboral, con un plazo de 30 días hábiles.
• Para quienes dependen de este ingreso, el plazo comienza a correr desde la notificación individual.

Canales habilitados para presentar la documentación

• Oficinas de atención de ANSES.
• Dependencias habilitadas de la Secretaría Nacional de Discapacidad.
• Formulario de consultas del Ministerio de Salud, disponible en argentina.gob.ar.
• Plataforma Trámites a Distancia (TAD), con el trámite «Presentación de Documentación para Pensión Invalidez».

Una vez recibida, la documentación se incorpora al expediente administrativo del titular. Los equipos técnicos analizan ese expediente para determinar si corresponde rehabilitar el pago de la prestación.