En Córdoba, sacar un certificado de discapacidad o conseguir una prótesis puede llevar casi un año

La primera vez que escuché a Graciela, una vecina del cinturón industrial de Córdoba a la que intuye, sentí que su relato condensaba lo que venía leyendo en las páginas del informe: dos años pagando sesiones particulares mientras esperaba que el sistema le diera una respuesta. Graciela, 52, madre de un chico con parálisis cerebral, me contó en la puerta de su casa que cada mes junta entre $150.000 y $180.000 solo en terapias, porque la rehabilitación pública no termina de abrirle un lugar y la obra social le cubre apenas una parte. «Yo dejé mi trabajo de cajera hace rato, ahora vivo de changas, y lo que entra se va en sesiones, en el remis para llevarlo y en los apoyos escolares», me dijo, con esa mezcla de cansancio y firmeza que se aprende cuando la espera se vuelve paisaje cotidiano.

Un mapa de esperas que se mide en meses

El cuadro que presenta la Defensoría del Pueblo de Córdoba, difundido el 5 de octubre de 2026, no es una estadística cerrada: se construyó a partir de entrevistas y grupos focales con familias, profesionales e instituciones, y por eso retrata experiencias más que promedios. Aun así, la fotografía es elocuente. Para tramitar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), la Ciudad de Córdoba cuenta con juntas evaluadoras en siete hospitales, dos de ellos pediátricos, donde los turnos se otorgan con demoras que van de los dos a los tres meses. Una vez obtenido el certificado, el camino no se acorta: conseguir una consulta con el especialista adecuado puede insumir varios meses más, y allí empieza otra fila.

Carlos Galoppo, defensor del Pueblo adjunto a cargo del relevamiento, sintetizó ante la prensa los plazos que el documento describe para las prestaciones más sensibles. «Hay demoras que van de los cuatro a los nueve meses para acceder a prótesis y medicamentos, y para entrar a un centro de rehabilitación las esperas trepan a los nueve, doce y hasta catorce meses», señaló. Son cifras que, aclaran los autores, corresponden a lo relevado en las entrevistas y no permiten anticipar cuánto demorará cada trámite particular, porque cada caso responde a un profesional, a una obra social y a una geografía dentro de la provincia.

Quién paga mientras tanto

Cuando el sistema no responde, la factura llega a la mesa familiar. El informe releva gastos de bolsillo en terapias, en transporte y en acompañamientos escolares, y los testimonios coinciden en que son las madres las que más recortan su vida laboral y sus ingresos para sostener los cuidados. La madre que mencioné al principio no es un caso aislado: el documento recoge historias parecidas, con madres que achicaron su jornada, dejaron empleos formales o directamente salieron del mercado laboral para poder acompañar a sus hijos en un ida y vuelta que parece no terminar nunca.

“Cada mes junta entre $150.000 y $180.000 solo en terapias, porque la rehabilitación pública no termina de abrirle un lugar y la obra social le cubre apenas una parte.”Graciela, vecina de Córdoba, 52 años

• Certificado Único de Discapacidad: turnos con esperas de dos a tres meses en los hospitales pediátricos de la ciudad de Córdoba; las juntas evaluadoras funcionan en siete nosocomios.
• Prótesis y medicamentos: demoras relevadas de cuatro a nueve meses, de acuerdo con lo expuesto por la Defensoría del Pueblo.
• Ingreso a centros de rehabilitación: esperas de nueve a catorce meses, según los testimonios recogidos en el informe.
• Atrasos en los pagos a prestadores: varios meses y hasta un año de demora por parte de obras sociales y programas estatales.
• Aranceles y costos: entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, los aranceles del nomenclador nacional subieron un 225% promedio, frente a una inflación acumulada del 336%, mientras la nafta súper aumentó 559% y el valor reconocido por kilómetro, 231%.

Profesionales también a la espera

El documento no se queda en la mirada de las familias: también escucha a quienes prestan los servicios. Terapeutas, centros de rehabilitación y profesionales independientes relataron atrasos de varios meses y hasta un año en los pagos de obras sociales y de programas estatales, en un contexto donde los precios que se les reconocen quedaron muy por detrás de la inflación y, sobre todo, del combustible. El resultado, describe el informe, es que algunas instituciones terminaron recortando gastos de funcionamiento para sostenerse, una advertencia que en los papeles suena técnica y en la calle se traduce en menos profesionales atendiendo, menos horas de terapia y listas que se siguen estirando.

Volver a la puerta de Graciela

Cuando terminé la charla y le agradecí a Graciela por haberme abierto la puerta, ella se quedó mirando hacia el fondo de la calle, donde el remis que la llevaba a las sesiones estaba por llegar. Me dijo algo que me quedó dando vueltas: «Yo no quiero que me regalen nada, quiero que me atiendan». Esa frase, que se repite de distintas maneras en los testimonios que recoge la Defensoría, es el corazón de un informe que no mide todo lo que pasa pero deja a la vista una espera que, para miles de familias en Córdoba, ya se volvió parte de la vida.