Una socia de la concesionaria de Pilar declaró ante la fiscalía y apuntó contra compradores morosos por unos dos millones de dólares

Qué, dónde y cuándo. Cynthia Chamoles, de 44 años, socia y pareja de Carlos González, de 43, prestó declaración indagatoria ante el fiscal Andrés Quintana, en el marco de la causa que investiga presuntas estafas en la concesionaria Autos Pilar Premium, con sede en la colectora del ramal Pilar de la Panamericana. Ambos habían sido detenidos días atrás en su domicilio del barrio cerrado Las Condes, en Pilar.

La versión de la indagada

Ante el fiscal, Chamoles atribuyó los incumplimientos a un desfasaje generado por clientes que adquirieron vehículos con financiamiento y dejaron de pagar en el último período. Sostuvo que la firma conserva pagarés documentados por entre 500.000 y 600.000 dólares y que el total de deudas a cobrar asciende a unos dos millones de la moneda estadounidense.

Entre los compradores morosos mencionó a un DJ de reconocida trayectoria, cuya identidad se mantiene bajo reserva judicial, al que identificó como adjudicatario de una Land Rover Evoque con una deuda de 120.000 dólares. También hizo referencia a una Lamborghini Urus valuada en 800.000 dólares, sobre la cual pesa un embargo vigente, y cuya liberación consideró clave para recuperar liquidez. La carátula de la causa se mantiene bajo secreto de sumario mientras avanzan las pesquisas.

Damnificados identificados en el expediente

• Joaquín Pichot, hermano del excapitán de Los Pumas Agustín Pichot, habría entregado una camioneta Ford Ranger Raptor en consignación sin percibir el producido de la venta.
• El diputado nacional Manuel Quintar denunció haber pagado 285.000 dólares por un Tesla Cybertruck que nunca le fue entregado, parte mediante transferencias bancarias y parte en efectivo.
• El expediente contabiliza al menos 35 damnificados, según las fuentes consultadas.

La otra indagatoria y el origen del descalce

Por su parte, González describió en su propia declaración un descalce financiero de seis millones de dólares. Relató que la empresa creció desde un local en el Shopping Champagnat hasta la sede actual sobre la Panamericana, con un pico de ventas cercano a los cien vehículos por mes. Atribuyó el inicio de la debacle a una causa federal previa por desobediencia, vinculada al uso de un predio lindante a la autopista como playa de exhibición no autorizada.

Según consta en el expediente, el juez federal de Campana ordenó en su momento el retiro de los vehículos del predio. Cuando la concesionaria volvió a ocupar el espacio, el magistrado dispuso el secuestro de nueve unidades y procesó a González por desobediencia, en una causa que la defensa considera determinante para entender el posterior derrumbe financiero.

Próximo paso de la causa

La instancia procesal se encuentra en etapa de instrucción, con declaraciones indagatorias en curso y medidas de prueba pendientes. El próximo paso será la producción de prueba documental y pericial sobre los contratos de compraventa y los pagarés mencionados por Chamoles, antes de que la fiscalía resuelva la situación procesal de los imputados. La investigación es seguida por la Fiscalía a cargo de Andrés Quintana y mantiene bajo reserva la identidad del DJ señalado como deudor.