Templo Filadelfia: el Tribunal Oral Federal N°2 de San Martín condenó a 27 personas y fijó reparaciones por más de $2.170 millones

El Tribunal Oral Federal N°2 de San Martín condenó a 27 personas y fijó reparaciones por un total de $2.170.467.831,20 a favor de 27 víctimas en el juicio por la organización que funcionó bajo la denominación Templo Filadelfia, cuya sede central se ubicaba en la localidad de San Justo, partido de La Matanza. El veredicto incluyó penas de hasta 24 años de prisión y un amplio listado de medidas patrimoniales que alcanzan a inmuebles, vehículos y dinero secuestrado a lo largo de la investigación.

La pena más alta y los principales condenados

Eva Petrona Pereyra recibió la condena más elevada, de 24 años de prisión, tras ser considerada jefa u organizadora de la asociación ilícita y coautora de los delitos de reducción a la servidumbre y trata de personas con fines de explotación laboral agravada. La sentencia también la encontró penalmente responsable por su participación necesaria en hechos de supresión de identidad, sustracción y retención de un menor y falsedad ideológica de documento público. Rigoberto Ismael Mora Bogado fue condenado a 21 años, mientras que otros siete acusados recibieron penas de 18 años. En todos los casos, las condenas coincidieron con los montos solicitados por el fiscal general Alberto Gentili.

En dos situaciones puntuales, las de Víctor Abraham Ayunta y Damaris Fernanda Sabich, el tribunal únicamente condenó por asociación ilícita y absolvió por trata agravada y reducción a la servidumbre. Además, el fallo declaró la prescripción de determinados hechos que perjudicaban a nueve personas y de una acusación por abuso sexual que pesaba sobre Pereyra.

El alcance temporal y geográfico de la estructura

Durante el debate quedó acreditado que la organización operó, al menos, desde 1972 hasta el 1° de diciembre de 2020, casi cinco décadas de actividad. La pesquisa acreditó sedes y anexos distribuidos en distintas provincias del país, además de ramificaciones en Paraguay y Brasil. En su alegato, Gentili describió un patrón de sometimiento que combinaba trabajo explotado, aislamiento, vigilancia permanente y aplicación de sanciones internas, con restricciones específicas sobre los vínculos personales y la vida afectiva de las víctimas.

Las medidas patrimoniales dispuestas por el tribunal

• Reparaciones económicas para 27 víctimas por un total de $2.170.467.831,20.
• Decomiso de 46 inmuebles ubicados en Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Salta, Córdoba, Tucumán y Río Negro.
• Decomiso de 12 vehículos y del dinero secuestrado, tanto en pesos como en moneda extranjera.
• Subasta de 15 automotores adicionales, una medida ya ordenada durante la instrucción de la causa.

Con la lectura del veredicto, la causa avanza hacia la etapa de liquidación de las reparaciones y la ejecución de los decomisos dispuestos. Las defensas de los condenados podrán recurrir la sentencia ante las instancias de apelación correspondientes, mientras que el Ministerio Público Fiscal y las querellas evaluarán los pasos a seguir respecto de los puntos absueltos y las declaraciones de prescripción. El proceso continuará su trámite en el ámbito del Tribunal Oral Federal N°2 de San Martín, con intervención del fiscal general Alberto Gentili.