Mendoza pone en marcha un mecanismo gratuito para que consumidores renegocien deudas con tarjetas y préstamos personales

El Gobierno de Mendoza habilitó un procedimiento administrativo gratuito orientado a que los consumidores finales puedan discutir nuevas condiciones con sus acreedores cuando el peso de las deudas de tarjetas de crédito y préstamos personales compromete de manera sostenida la economía del hogar. La herramienta, conocida como Oficina de Conciliación de Reestructuración de Deudas de Consumo (OCDC), se inscribe en el ámbito de Defensa del Consumidor y no reemplaza los canales judiciales: opera como una instancia previa de negociación.

Qué deudas entran y cuáles quedan afuera

El alcance del mecanismo cubre los préstamos personales, el financiamiento de compras, las tarjetas de crédito y los créditos otorgados por plataformas financieras autorizadas, mutuales y cooperativas. En cambio, quedan expresamente excluidas las obligaciones con garantía hipotecaria, las deudas alimentarias, las multas y las sanciones penales. Tampoco pueden canalizarse por esta vía las deudas empresariales o comerciales ajenas al consumo familiar.

El procedimiento contempla compromisos financieros superiores al 30% del ingreso mensual neto de quienes conviven en el hogar. Ese umbral desciende al 25% para situaciones de especial vulnerabilidad social, entre las que se cuentan hogares con menores a cargo, personas con discapacidad, jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, personas desempleadas, beneficiarios de programas sociales y trabajadores informales.

Condiciones de acceso y límites

• Tener domicilio real en la provincia de Mendoza y ser consumidor final.
• Acreditar una situación grave o inminente de insolvencia personal o familiar.
• Que los compromisos financieros excedan el 30% de los ingresos netos del hogar, o el 25% en casos especiales.
• Que el capital total adeudado no supere el equivalente a 100 salarios mínimos, vitales y móviles vigentes al momento de solicitar la intervención.

Las alternativas que pueden discutirse en la mesa de conciliación incluyen la extensión de los plazos para cancelar las obligaciones, períodos de gracia o espera, la eliminación de intereses punitorios y de gastos por mora, y la reformulación del esquema de cuotas. Sin embargo, la Provincia carece de facultades para imponer estas condiciones de manera unilateral: cualquier modificación exige un acuerdo expreso entre el deudor y cada uno de los acreedores.

El proceso se inicia con la presentación del deudor ante la OCDC, donde debe detallar sus acreedores, los importes adeudados y un estado actualizado de sus activos y pasivos. Defensa del Consumidor citará luego a los acreedores, que dispondrán de hasta diez días hábiles para informar el origen de los créditos, el monto actualizado y su voluntad de participar en la renegociación.

“La Provincia no tiene facultades para imponer quitas ni plazos: cualquier modificación exige un acuerdo entre las partes.”Defensa del Consumidor de Mendoza