Chaco debate una ley para ordenar la salud mental pública bajo una red con base territorial

Un proyecto de ley que se encuentra en estudio en la Legislatura chaqueña propone crear la Red Provincial de Salud Mental Comunitaria, un esquema que buscará articular bajo una estructura única a los profesionales, programas y dispositivos que hoy funcionan de manera dispersa dentro del sistema público. La iniciativa, que tomó estado parlamentario en las últimas semanas, fue presentada con el objetivo de ordenar la oferta de servicios y, sobre todo, de asegurar que la atención llegue a cada punto del territorio con equipos interdisciplinarios y protocolos comunes.

La propuesta parte de un diagnóstico extendido: la provincia cuenta con recursos humanos y técnicos formados en la materia, pero carece de una arquitectura que los conecte, los distribuya según la demanda poblacional y garantice la continuidad de los tratamientos. Por eso, el texto no crea dispositivos desde cero, sino que establece reglas de funcionamiento, responsabilidades y plazos para que lo existente se reorganice alrededor de regiones sanitarias concretas.

Nodos regionales y equipos interdisciplinarios

Cómo se repartirá la atención

El proyecto prevé dividir a la provincia en nodos regionales de salud mental, coincidentes con las regiones sanitarias ya vigentes. Cada nodo tendrá a su cargo un relevamiento detallado de la población cubierta, de los servicios disponibles y de las barreras de acceso geográficas y socioeconómicas detectadas. A partir de ese diagnóstico, se incorporará de manera progresiva a psicólogos, psiquiatras, enfermeros, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales y acompañantes terapéuticos, de modo de garantizar que cada zona cuente con un equipo capaz de resolver las situaciones más frecuentes sin necesidad de derivaciones constantes hacia centros urbanos.

• Consultas ambulatorias en centros de salud y hospitales generales.
• Visitas domiciliarias para pacientes con dificultades de desplazamiento.
• Intervenciones en crisis dentro y fuera de los establecimientos de salud.
• Seguimiento clínico y social posterior a internaciones psiquiátricas.
• Centros comunitarios, hospitales de día y espacios de rehabilitación psicosocial.
• Dispositivos de acompañamiento familiar con énfasis en la integración educativa, laboral y social.

Según los fundamentos difundidos por los autores de la iniciativa, la atención se brindará con criterio comunitario, lo que implica intervenir en el entorno cotidiano de cada paciente y articular con las escuelas, los centros de referencia y los servicios sociales locales, en lugar de concentrar las respuestas exclusivamente en hospitales de mayor complejidad.

El plan individual de cuidados y la urgencia permanente

Qué cambia en el abordaje de las crisis

Uno de los puntos centrales del texto es la obligación de elaborar un Plan Individual de Cuidados cada vez que una persona atraviese una crisis o sea dada de alta tras una internación psiquiátrica. El documento, que deberá ser acordado con el paciente y su entorno familiar cuando sea posible, designará a un equipo responsable y fijará los pasos del seguimiento, con revisiones periódicas y un abordaje que contemple tanto las necesidades clínicas como las sociales y comunitarias. La idea es que ninguna internación concluya sin un plan posterior y que ninguna persona en riesgo quede librada a su suerte una vez que abandona el hospital.

En paralelo, el proyecto impulsa una estrategia provincial de atención de crisis disponible las 24 horas durante todo el año. Cada nodo deberá definir protocolos propios para recibir consultas, evaluar al paciente, intervenir en situaciones agudas y asegurar la continuidad del tratamiento una vez superada la emergencia. En la práctica, la medida apunta a que las guardias psiquiátricas dejen de funcionar como respuesta aislada y pasen a ser parte de un circuito articulado con los centros ambulatorios y los equipos territoriales.

Prevención del suicidio y formación continua

La iniciativa reserva un capítulo específico a la prevención del suicidio. Allí se plantea la integración de los programas provinciales que ya están en marcha, la priorización del seguimiento de personas en situación de riesgo y el desarrollo de acciones de posvención dirigidas a familiares y allegados que atravesaron el duelo por una muerte autoinfligida. Además, se establece la capacitación obligatoria de los trabajadores de los servicios involucrados, con contenidos actualizados sobre detección temprana, acompañamiento y derivación, y se promueve la cooperación con organizaciones de la sociedad civil con experiencia en la temática.

De convertirse en ley, el texto fija un plazo de 180 días corridos para que el Ministerio de Salud de la provincia presente un plan de implementación con metas concretas a cinco años, indicadores de resultado y un esquema de monitoreo que incluya la participación de los equipos profesionales, de los usuarios del sistema y de las universidades con carreras afines. La reglamentación definirá, entre otros puntos, la composición definitiva de los nodos, el régimen de guardias, los criterios para la asignación presupuestaria y la forma en que se articularán las obras sociales y los servicios privados con la red pública. Para los especialistas consultados, el desafío será traducir esta arquitectura normativa en mejoras palpables en los consultorios, en los barrios y en los momentos donde la respuesta llega a tiempo.